Norma de Argentina
LEYES Y/O DECRETOS
Decreto No. 00341/1992
(B.Oficial: 27-2-1992)
Emergencia Sanitaria - Cólera - Unifican Sanciones
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Emergencia Sanitaria - Cólera - Unifican Sanciones
Decreto Nº 0341/92
Buenos Aires, 24 de Febrero de 1992.-
VISTO los términos del Decreto Nº 251 del 6 de Febrero de 1992, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicho acto administrativo se declara la Emergencia
Sanitaria en todo el territorio de la Nación con motivo de la
situación epidemiológica provocada por el avance del cólera.
Que resulta necesario que el MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL,
y en su caso la autoridad sanitaria local, cuenten con el sustento
normativo que les permita aplicar en forma rápida y efectiva las
sanciones pecuniarias previstas en la legislación sanitaria
nacional, unificándose éstas y el procedimiento para su
aplicación, en orden a obtener un resultado satisfactorio en la
lucha contra el flagelo antes mencionado.
Que a tales fines, y sin perjuicio de las penalidades previstas en
los distintos ordenamientos sanitarios vigentes, estÃmase
aconsejable unificar las sanciones de multa previstas en los
mismos, delegándose en el MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL la
fijación de nuevos importes cuando las circunstancias asà lo
hicieren necesario.
Que, asimismo, corresponde delegar en el MINISTERIO DE SALUD Y
ACCION SOCIAL la facultad de establecer, en el orden nacional, el
procedimiento administrativo tendiente a investigar las presuntas
infracciones a las normas sanitarias, asegurando el derecho de
defensa del presunto infractor.
Que la indispensable celeridad que precisa para instrumentar y
poner en práctica el nuevo ordenamiento obliga a recurrir en parte
al ejercicio de facultades legislativas reservadas a otro Poder de
la República en un caso como el presente, ya que la epidemia de
cólera y la declaración de emergencia sanitaria decretada en su
consecuencia en todo el territorio de la Nación Argentina impiden
esperar el tiempo que demandarÃa su sanción por el HONORABLE
CONGRESO DE LA NACION, con el consecuente perjuicio social que
ello importarÃa.
Que lo expuesto califica como URGENTE la situación descripta,
requiriendo inexcusablemente la adopción en forma inmediata de las
soluciones de fondo tendientes a impedir los potenciales graves
perjuicios que acarrearÃa a la salud de la población una demora en
su implementación.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, además de las facultades que le
confiere el ArtÃculo 86 de la CONSTITUCION NACIONAL, puede ejercer
atribuciones legislativas cuando la necesidad se hace presente y
la urgencia lo justifica, contando para ello con el respaldo de la
mejor doctrina constitucional y de la jurisprudencia de la CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION.
Asà JoaquÃn V. GONZALEZ ha sostenido en su "Manual de la
Constitución Argentina" que "...puede el Poder Ejecutivo, al
dictar reglamentos o resoluciones generales, invadir la esfera
legislativa o, en casos excepcionales o urgentes, creer necesario
anticipar la sanción de una ley..." (Conforme en el mismo sentido
BIELSA, RAFAEL - Decreto ADMINISTRATIVO 1954 - T* 1 - Página
3091). También la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION le ha
dado acogida favorable a esta postura doctrinaria (Fallos 11:
405; 23: 257).
Que, asimismo, ha señalado la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
NACION que la Constitución no reconoce derechos absolutos en
momentos de perturbación social y económica y en otras situaciones
semejantes de emergencia y que, ante la urgencia en atender a la
solución de los problemas que ella crea, es posible el ejercicio
del poder del Estado en forma más enérgica que la admisible en
perÃodos de sosiego y normalidad.
Que el presente se dicta en el contexto de la situación de
emergencia y con sustento en la doctrina de los reglamentos de
necesidad y urgencia, toda vez que se configuran en el caso los
requisitos que lo legitiman.
Que por último, la legitimidad y validez de tales decretos se
reconoce también sobre la base de existir una intención manifiesta
de someter el reglamento a la ratificación legislativa.
Que, cumplidos tales recaudos, las atribuciones del PODER
EJECUTIVO NACIONAL para dictar estos decretos es aceptada por la
doctrina y la jurisprudencia, ya que el principio de división de
poderes no puede ser entendido de modo tal que impida proveer
últimamente la satisfacción de la suprema necesidad de la vida del
Estado, cuando la urgencia del procedimiento requerido no permite
esperar hasta la aprobación del órgano legislativo.
Que dicho ejercicio está sujeto al control y decisión final del
órgano legislativo de la Nación, de acuerdo a la doctrina de los
reglamentos de necesidad y urgencia.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
ART. 1º.- UnifÃcanse las sanciones pecuniarias a aplicar a las
infracciones cometidas contra las normas sanitarias identificadas
en el Anexo I, en las sumas de PESOS MIL ($ 1000) a PESOS UN
MILLON ($ 1.000.000), sin perjuicio de la aplicación de las
restantes sanciones administrativas que cupieren y de las
denuncias penales que se formularen cuando asà correspondiere. La
autoridad sanitaria de aplicación graduará los montos a aplicar en
cada caso teniendo para ello presente los antecedentes del
imputado, la gravedad de la falta y su proyección desde el punto
de vista sanitario. En caso de reincidencia, atendiéndose a los
mismos parámetros de graduación la sanción podrá establecerse en
hasta el décuplo del valor impuesto a la infracción anterior.
ART. 2º.- EL MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL, queda
autorizado para fijar nuevos valores, de conformidad con la
legislación vigente, cuando las circunstancias sanitarias de la
Nación asà lo hicieren aconsejable, los que no podrán exceder el
duplo de los mencionados en el artÃculo precedente.
ART. 3º.- Los inspectores o funcionarios debidamente facultados
tendrán la atribución de penetrar en los lugares donde se ejerzan
actividades aprehendidas por las normas de la legislación
sanitaria durante las horas destinadas a su ejercicio, y aun
cuando mediare negativa del propietario o responsable, estarán
autorizados a ingresar cuando haya motivo fundado para creer que
se está cometiendo una infracción que atente contra la salud de
la población. Las autoridades policiales de la jurisdicción
deberán prestar el concurso pertinente, a solicitud de aquéllos,
para el cumplimiento de sus funciones. La negativa injustificada
del propietario o responsable lo hará pasible de la aplicación de
una multa que se establecerá de conformidad con lo previsto en el
artÃculo 1º. Los jueces, con habilitación de dÃa y hora,
acordarán de inmediato a los funcionarios designados por la
autoridad sanitaria la orden de allanamiento y el auxilio de la
fuerza pública, si estas medidas fueren solicitadas por dicha
autoridad.
ART. 4º.- EL MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL establecerá
el procedimiento administrativo a aplicar en su jurisdicción para
la investigación de presuntas infracciones a las normas
sanitarias, asegurando el derecho de defensa del presunto
infractor y demás garantÃas constitucionales. No obstante, sin
perjuicio de las penalidades que se determine aplicar por el
procedimiento requerido, la autoridad sanitaria de aplicación,
teniendo presente la gravedad y/o reiteración de la infracción,
podrá acceder a la suspensión, inhabilitación, clausura, comiso,
interdicción de autorización, matriculación, habilitación de
profesionales, técnicos, locales, establecimientos o productos, en
forma preventiva y por un plazo máximo de hasta NOVENTA (90) dÃas.
ART. 5º.- AutorÃzase al MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL, a
adoptar medidas de excepción, debidamente fundadas, con relación a
la venta ambulante de sustancias alimenticias incorporadas al
Código Alimentario Argentino y a la importación, exportación,
elaboración, comercialización y fraccionamiento de productos
relacionados con la prevención y/o tratamiento del cólera.
ART. 6º.- La autoridad sanitaria de aplicación, en caso de
comprobar el incumplimiento de las obligaciones previstas en las
normas sanitarias vigentes, deberá intimar al funcionamiento
responsable bajo apercibimiento de sancionarlo de acuerdo con las
normas respectivas. En caso de comprobarse la demora en la
tramitación, el superior jerárquico deberá avocarse a la
prosecución del trámite, sin perjuicio de la sanción que
corresponda al responsable de la dilación.
ART. 7º.- Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
ART. 8º.- ComunÃquese, publÃquese, dése a la Dirección Nacional
del Registro Oficial y archÃvese.
Fdo.: MENEN - JULIO C. ARAOZ.